El actual modelo de licitación que han adoptado todas las administraciones públicas está basado en un modelo del siglo pasado, donde había numerosas ingenierías especialidades en procesos de aguas y unos técnicos en la administración que conocían las prestaciones de los procesos de tratamiento, depuración y desalación.
Había interlocutores capacitados técnicamente para realizar los diseños, por una parte, y verificar la bondad de los mismos, por la otra parte. De tal forma que la administración podía disponer de un proyecto con un diseño que cumplía con los requisitos establecidos.
A partir de entonces, las administraciones licitaban un proyecto que estaba realizado por ingenierías con especialistas cualificados y revisado por técnicos de la administración formados, resultando en un buen proyecto desde el punto de vista de proceso y muy mejorable desde el punto de vista de Operación y Mantenimiento (O&M).
A mí, personalmente, esta situación, en donde los concursos son de ejecución de obras, nunca me parecieron adecuados por dos razones fundamentales:
- No se tenía en cuenta los avances tecnológicos desarrollados por las empresas constructoras licitantes (a la vanguardia en la tecnología del agua)
- No se tenía en cuenta, en el diseño, disponer de una planta funcional y flexible como la que demandan los operadores.
Pero como dice aquel: “así es la vida y todos aceptaron este criterio impuesto por razones exclusivamente económicas”.
Lamentablemente, esta no es la situación en esta década, donde, con más frecuencia de la deseada, los proyectos licitados por las administraciones presentan numerosos errores de diseño (véase mi anterior post) y, lo que es más preocupante, el proceso adoptado no consigue obtener la calidad del agua depurada.
Entonces se produce el fenómeno de sostenella y no enmendalla.
Por parte de los técnicos de la administración controladores de la ejecución de las obras (desconocedores, muchos ellos, de la tecnología del agua) carecen de fuerza técnica y competencial para cuestionar unos diseños en los que no han participado. Además, ¿cómo se van a introducir cambios en los procesos si el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) está aprobado y requeteaprobado y con todas las bendiciones de todas las administraciones? Líbrenos, Dios de tal afrenta.
Las empresas adjudicatarias de las obras, aunque saben que el proceso presenta deficiencias operacionales severas y, en algunos caso (ejemplos hay en este año) no cumplen con la calidad del vertido exigida, están atados de pies y manos. Bastante tienen con lograr, a duras penas, ejecutar la obra con el presupuesto de licitación.
¿Y los operadores? En la mayoría de los casos son Ayuntamientos que, además de no tener voz ni voto en la tecnología implementada, carecen de la capacitación técnica para cuestionar el proyecto y económica para operar y mantener las plantas. Y como lo saben, dejaran pudrir la infraestructura. Total, muy pocos alcaldes han sido imputados por delito ecológico y por tener sus plantas paradas o by-paseadas.
Pero amigo, en el caso de operadores cualificados (públicos o privados) tampoco se atreven a decir nada por dos razones fundamentales. Primera, a caballo regalado (aunque sea envenenado) no le mires el diente. Segunda, quien ha diseñado el proceso es alguien de la casa y ya se pasó el tiempo de introducir cambios (aunque casi nunca los diseñadores consultan a los operadores).
Ya sé que a todo el mundo le gustan los posts donde se diga que bien hacemos las cosas, cuanto dinero vamos a invertir, qué buena es la digitalización, qué maravilloso es el gemelo digital, etc. Pero la realidad de la gobernanza y gestión de la depuración en España requiere un giro radical en sus planteamientos porque, desgraciadamente, vamos hacia atrás y no hacia adelante.
