España es uno de los países de la Unión Europea con mayor estrés hídrico, con un equilibrio muy frágil entre los recursos disponibles, las demandas de agua y los requerimientos ambientales, que se verá agravado por los efectos del cambio climático. En los próximos años se prevé una disminución media de hasta el 25% de las aportaciones y un incremento de la frecuencia e intensidad de las sequías e inundaciones.
El sector del agua enfrenta una serie de retos para mejorar la gestión y gobernanza de un recurso, el agua, cada vez más escaso: la adaptación al cambio climático, la mejora de la eficiencia en su uso, el control de los vertidos y la contaminación difusa, la carencia en el control efectivo de los usos y la completa digitalización del ciclo del agua. En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2022 las Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático para establecer directrices y medidas en planificación y gestión del agua que incrementen la resiliencia.
Los instrumentos que permitirán desarrollar las medidas a implantar son los Planes Hidrológicos, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, los Planes Especiales de Sequías, el Plan de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR), el PERTE para la Digitalización del ciclo del agua, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y el Plan de Acción de Aguas Subterráneas.
Es evidente que durante los próximos años España va a tener que afrontar importantes retos en la gestión del agua.
Uno de ellos se refiere a las aglomeraciones urbanas que no cumplen las condiciones exigidas por Europa en materia de depuración de aguas residuales. Además, se encuentra en revisión la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que aborda cuestiones importantes aún pendientes como: la presencia de contaminación remanente, la generada en pequeñas aglomeraciones menores de 2.000 habitantes-equivalentes, los sistemas individuales de tratamiento, la escorrentía urbana o los desbordamientos de aguas de tormenta, mayores exigencias en cuento a los nutrientes nitrógeno y fósforo, la necesidad de tratar nuevos microcontaminantes y la mejora del balance energético de las actividades de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas.
Otro reto importante es la recuperación ambiental de las masas de agua subterránea. La sobreexplotación de los acuíferos es generalmente más acusada en las regiones de España, donde el agua tiene mayor valor económico, y donde es mayor la brecha entre el uso del agua y los recursos disponibles. Y también la contaminación difusa por nitratos, cuya situación todavía no se ha conseguido revertir. Al respecto, en 2022 se aprobó el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Al igual que la contaminación difusa, las alteraciones hidromorfológicas de los ríos han producido una importante pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos. La situación profundamente alterada de muchos ríos evidencia la necesidad de avanzar en su renaturalización.
Además, para mejorar la seguridad hídrica bajo un marco de adaptación al cambio climático y garantizar la satisfacción de todas las demandas con los objetivos ambientales de las masas de aguas, se han realizado importantes avances en el incremento de la capacidad de desalinización, la reutilización de las aguas residuales depuradas, la modernización de los sistemas de riego o los cambios de hábitos de consumo; sin embargo, nuestro país presenta todavía uno de los índices de explotación hídrica más altos de Europa, que se ven agravados por sequías cada vez más frecuentes.
La aprobación en 2023 de los Planes Hidrológicos del tercer ciclo culmina un largo trabajo para cumplir con la Directiva Marco del Agua. Estos planes ponen el foco en la protección medioambiental de las masas de agua y en la seguridad hídrica. Además, definen por primera vez caudales ecológicos para todas las masas, determinando caudales mínimos y máximos, tasas de cambio y caudales generadores de crecida.
De igual modo, con la aprobación en 2023, de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, se inicia el segundo ciclo en cumplimiento de la Directiva sobre evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Estos planes incluyen medidas que consideran todas las fases del ciclo de gestión del riesgo, prevención, protección, preparación y recuperación, profundizan en el estudio del impacto del cambio climático e incorporan soluciones basadas en la naturaleza.
El sector del agua enfrenta una serie de retos para mejorar la gestión y gobernanza de un recurso cada vez más escaso
También bajo el marco de la planificación hidrológica, se desarrollan los Planes Especiales de Sequía. Actualmente, se están actualizando los planes vigentes, aprobados en 2018, atendiendo a los requisitos incorporados al Reglamento de Planificación Hidrológica aprobado en diciembre de 2021.
Además de estos instrumentos de planificación, se han aprobado en 2023 otros dos mecanismos de enorme importancia: la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) 2022-2030, que contempla la restauración de los ríos como una herramienta esencial en los Organismos de cuenca, y el Plan de Acción de Aguas Subterráneas para la mejora del conocimiento, gestión y gobernanza de las aguas subterráneas.
Otra línea de acción para afrontar los retos asociados al cambio climático es el incremento de la seguridad hídrica, que incluye, entre otras acciones, el impulso de la seguridad de las infraestructuras con la aprobación en 2021 del Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses.
Por último, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del ciclo del agua, puesto en marcha en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, plantea un desafío de país hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua impulsando nuevas tecnologías y “big data”, que permitirá incrementar la resiliencia frente al cambio climático y mejorar el conocimiento del uso del agua.
El PERTE del Agua movilizará, a través de cuatro líneas de actuación, 3.060 millones de euros, 1.940 millones de inversión pública directa y 1.120 millones procedentes de colaboración público-privada.
La primera, dotada con 10 millones de euros, irá destinada a mejorar la gobernanza en materia de gestión de los usos del agua y tiene como cometidos prioritarios la modificación de la Ley de Aguas, que ya se ha reformado en relación con la recuperación del coste de las inversiones y la integración de la reglamentación europea sobre reutilización de aguas residuales regeneradas, quedando por incluir los avances en materia de digitalización y usos del agua, y la actualización del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobada en agosto de 2023.
Es evidente que durante los próximos años España va a tener que afrontar importantes retos en la gestión del agua
Además, está previsto crear un Observatorio de la Gestión del Agua que permitirá mantener toda la infraestructura digital y albergar una plataforma web para aumentar la transparencia en el sector que permita otorgar un nuevo “sello” de buenas prácticas a los distintos usuarios del agua en España.
La segunda línea, con 225 millones de euros, irá dirigida a impulsar la digitalización de los Organismos de cuenca y los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica. Permitirá reforzar los programas de seguimiento y control de los vertidos en tiempo real y acelerará la implantación de herramientas digitales como el Registro de Aguas electrónico.
La tercera línea de actuación será para el desarrollo de programas de ayuda para el impulso de la digitalización de los distintos usuarios del agua. Se destinarán 1.700 millones de euros de inversión pública. En 2022 se aprobó el reparto a las Comunidades Autónomas de la primera partida de 100 millones de euros de los 200 previstos. Además, en septiembre de 2023 está prevista la resolución de la primera convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva para el ciclo urbano, con un importe de 200 millones, y en julio de 2023 se han realizado dos nuevas convocatorias, la segunda para el ciclo urbano de 200 millones, y la primera para el regadío de 100 millones.
Y la cuarta, y última, línea, dotada con 5 millones de euros, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de capacidades y competencias de todos los sectores de la gestión del agua.
La materialización del PERTE del Agua, impulsado por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con la participación de los Organismos de cuenca intercomunitarios e intracomunitarios, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, de las Sociedades Estatales Acuaes y Acuamed, y de diversos agentes públicos y privados, supondrá un salto cualitativo en la gestión del ciclo del agua.
