La Comisión Europea "investiga actualmente el incumplimiento" de los requisitos sobre el tratamiento de aguas residuales en la ría de Ferrol y en relación a las concentraciones urbanas que "vierten" en ella, Ferrol-Narón y Ares-Mugados-Fene.
Así lo recoge una respuesta dada por el comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, a la diputada de AGEe, Lidia Senra, quien se interesó por conocer si había alguna investigación al respecto de los vertidos en la Ría de Ferrol y en relación a la petroquímica 'Forestal Atlántico', que tiene autorización para verter 27 millones de toneladas al año durante ocho.
Según señala Lidia Senra, pese a esta autorización de la Xunta, la depuradora instalada en el sur de la ría sólo tiene "capacidad para tratar aproximadamente seis millones de toneladas al año".
En su respuesta, la Comisión Europea señala que "está investigando actualmente el incumplimiento de los requisitos sobre el tratamiento de las aguas residuales", establecidos en la Directiva 91/271/CE(1), por las mencionadas áreas urbanas.
Asimismo, apunta que la directiva sobre emisiones industriales "es el instrumento primordial para garantizar la protección del medio ambiente por parte de las principales industrias de la UE, entre ellas los complejos petroquímicos".
En cuanto a ellas, el comisario señala que "las actividades reguladas por esta directiva deben alcanzar un nivel elevado de protección del aire, del agua y de la tierra utilizando las mejores técnicas disponibles".
Conclusiones para los Estados Miembros
Además, apunta que la "Comisión ha adoptado recientemente algunas conclusiones" sobre las técnicas en relación con el sector del refino de petróleo y de gas, "lo que permite a los Estados miembros establecer unas condiciones coherentes en materia de permisos en toda la Unión".
Al respecto, añade que "compete principalmente a los Estados miembros cerciorarse del cumplimiento de la Directiva sobre las emisiones industriales, garantizando que, tanto las empresas como las autoridades competentes, adopten las medidas apropiadas para cumplir las condiciones aplicables a los permisos", así como que "se respeten las normas de calidad medioambientales, incluso recurriendo a inspecciones y sanciones en materia de medio ambiente".
En un comunicado, Lidia Senra recuerda que en los últimos años la Comisión Europea ha iniciado "varios procedimientos de infracción contra el Estado español". Así, en 2005, el Tribunal de Justicia de la UE determinó el "incumplimiento" de la directiva sobre moluscos, por ejemplo.
Resolver el problema causado
A juicio de la eurodiputada de AGEe, las sanciones por incumplimiento de normativas europeas "en lugar de tener como única consecuencia la retracción de recursos, se deben materializar en la resolución del problema causado". "Los gobiernos no deben entrar en la dinámica de poder destruir el medioambiente a cambio del precio estipulado en una sanción, eso es como pagar por el derecho a contaminar", ha advertido.
