La Comisión vuelve a llevar a Portugal ante el Tribunal por la deficiente aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. En 2009, el tribunal dictaminó que Portugal no cumplía adecuadamente su obligación de recoger, tratar y eliminar las aguas residuales urbanas.
Siete aglomeraciones del país con más de 15.000 habitantes carecían de los necesarios sistemas de recogida, y quince no disponían de sistemas adecuados de tratamiento. Cinco años después de la sentencia del Tribunal, dos aglomeraciones siguen sin cumplir las normas de la UE y la situación probablemente persista durante varios años, lo que deja la salud de los ciudadanos en situación de riesgo.
Por ello, la Comisión pide al Tribunal que imponga sanciones, y propone una suma a tanto alzado de 4.458.828 euros y una multa coercitiva diaria de 20.196 euros hasta que Portugal haya cumplido sus obligaciones.
